* Confían en su inocencia y en el sistema judicial.
Pachuca, Hgo., 9 de julio de 2025.– Este miércoles, los implicados en el llamado «caso Zimapán» comparecieron de manera virtual ante el Juzgado Penal de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto. Se trata de Arturo Williams Trejo Leal, su esposa Bertha Eva Medina Hernández y Alhelí Medina Hernández.
La audiencia inicial se llevó a cabo de forma remota, un derecho conferido por la ley, argumentando los acusados que temen por su integridad física y su libertad, debido a presiones externas que, aseguran, buscan inculparlos de un delito que no cometieron.
“De ninguna manera somos prófugos de la justicia. La enfrentamos con la certeza de nuestra inocencia. Sin embargo, hemos optado por una comparecencia virtual para evitar riesgos innecesarios”, declaró Arturo Williams, quien funge como vocero de la familia.
El acusado denunció un ambiente de hostigamiento mediático y presión social. Según sus declaraciones, el caso ha sido «manoseado» y excesivamente mediatizado, al punto de generar amenazas incluso contra los medios que han difundido su versión de los hechos.
Trejo Leal acusó directamente a su hermana, Aylén Trejo Leal, de incitar agresiones en su contra, apoyada por personas vinculadas a sindicatos y grupos afines. “Sus publicaciones en redes sociales están cargadas de odio, amenazas e insultos hacia nuestra familia”, afirmó.
En su intervención, subrayó que esta es la segunda ocasión en que se les juzga por los mismos hechos, lo que consideró una irregularidad legal. Recordó que en el primer juicio fueron exonerados, lo cual les permitió recuperar su libertad.
El también activista y luchador social expresó su esperanza en que el proceso se conduzca con apego a derecho y equidad, y que finalmente la verdad prevalezca. “Confiamos en que se hará justicia tanto para las niñas como para todos aquellos que hemos sido señalados y difamados sin pruebas”, expresó.
Trejo Leal criticó las declaraciones de su contraparte y sus representantes, quienes han anticipado que la audiencia inicial derivará en una vinculación a proceso. “Eso demuestra que tienen acceso a información confidencial y ejercen influencia indebida sobre las autoridades. De haber gozado nosotros de protección gubernamental, jamás hubiéramos pisado la cárcel ni enfrentaríamos hoy un segundo juicio por los mismos hechos”, concluyó