A través de la Dirección Jurídica, se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra exdirectores jurídicos y síndicos de anteriores administraciones, quienes presuntamente permitieron deliberadamente que el municipio perdiera juicios laborales —laudos—, sin realizar acciones legales básicas para su defensa.
28 de mayo de 2025. El gobierno municipal de Ixmiquilpan ha iniciado carpetas de investigación en contra de exfuncionarios que habrían incurrido en omisiones graves durante procesos laborales que hoy representan un riesgo significativo para las finanzas del ayuntamiento.
Uno de los casos señalados involucra a un actual funcionario de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), quien, pese a haber percibido un salario mensual de 10 mil pesos durante su paso por el municipio, reclama ahora un pago superior a un millón y medio de pesos. Existen dudas fundadas sobre si este servidor público realmente ejerció funciones durante su contratación.
Otro caso se refiere a un trabajador del organismo operador Capasmih, cuya demanda inicial era por 25 mil pesos. Sin embargo, la administración municipal de ese momento no se presentó a las audiencias ni aportó pruebas en su defensa, lo que derivó en un fallo adverso.
El presidente municipal Emanuel Hernández subrayó que su administración emprenderá todas las acciones legales necesarias para que se finquen responsabilidades. “No puede haber impunidad ante actos que han dañado seriamente el patrimonio del municipio”, afirmó.
Por su parte, el director jurídico del ayuntamiento, Efraín Magueyal, informó que al inicio de la actual administración se heredaron 16 laudos, de los cuales sólo cuatro han sido resueltos. Durante la revisión de los casos, se han identificado omisiones graves, entre ellas la falta de respuesta a las demandas en varios expedientes.
“Se han iniciado diversas carpetas de investigación por la omisión del deber legal inherente al servicio público. No se trata de laudos recientes: muchos fueron dictados entre 2018 y 2022, y los montos por salarios caídos se han vuelto insostenibles para el municipio”, puntualizó