Por Erik Marte Rivera Villanueva
10 de octubre de 2026.
¿Cuánto le cuesta a la ciudadanía mantener cargos públicos que, en demasiadas ocasiones, han dejado de entenderse como una responsabilidad y se han convertido en parte del botín político?
La pregunta puede incomodar, pero debemos hacerla. Cuando una regiduría se utiliza para negociar privilegios, presionar a un presidente municipal o defender intereses particulares, deja de servir al pueblo. El problema no es solamente cuánto cuesta, sino aquello que la política pierde cuando el servicio público se transforma en una recompensa.
Veo con buenos ojos la reducción del número de regidores. Desde mi experiencia en el gobierno municipal, he observado que muchos llegan con una auténtica vocación de servicio, pero también que otros consideran las regidurías como cuotas de poder. En algunos casos, esos espacios se utilizan para condicionar decisiones, exigir beneficios personales o convertir la función de vigilancia en un instrumento de presión.
Además, mantener estructuras demasiado amplias absorbe recursos que podrían destinarse a obras públicas, seguridad, agua potable, caminos, salud y otras necesidades prioritarias.
El impacto presupuestal merece discutirse. Hidalgo cuenta actualmente con 912 regidurías. Si tomamos como ejemplo una percepción promedio de 15 mil pesos mensuales, solamente los pagos ordinarios representarían aproximadamente 164.2 millones de pesos al año.
Si además se autorizaran compensaciones extraordinarias de fin de año, gratificaciones o pagos bajo otros conceptos equivalentes a dos mensualidades, el gasto podría elevarse hasta 191.5 millones de pesos anuales y alcanzar aproximadamente 574.6 millones durante un periodo municipal de tres años.
A escala nacional, considerando alrededor de 15,275 regidurías y concejalías, los pagos ordinarios representarían cerca de 2,750 millones de pesos anuales. Si se agregaran compensaciones de fin de año equivalentes a dos mensualidades, la cifra podría superar los 3,200 millones al año y los 9,600 millones durante tres años.
Estos pagos extraordinarios no deben otorgarse automáticamente ni esconderse bajo denominaciones ambiguas. Cada compensación debe tener fundamento legal, autorización presupuestal, criterios públicos y una justificación verificable. Además, debe transparentarse quién la recibió, por qué concepto y qué resultados respaldan su entrega.
Las cifras son estimaciones y no incluyen asesores, viáticos, vehículos, combustible, telefonía, oficinas ni otras prestaciones o apoyos.
¿Cuántas calles, sistemas de agua, medicamentos, patrullas, escuelas o caminos podrían atenderse con una parte de esos recursos?
Por eso propongo no solamente reducir el número de regidurías, sino abrir la discusión para que, mediante las reformas legales necesarias, vuelvan a ser cargos honoríficos, sin sueldo, prestaciones ni privilegios. Podrían cubrirse únicamente los gastos indispensables y debidamente comprobados para cumplir su función.
También debemos impedir que el servicio honorífico se convierta en un privilegio reservado para quienes tienen dinero. Tendrían que establecerse mecanismos transparentes para que cualquier ciudadano honesto, preparado y con verdadera vocación de servicio pueda participar.
Las regidurías deben estar en manos de personas honorables, con arraigo en sus comunidades y disposición para rendir cuentas. Lo mismo debemos discutir respecto de los cargos legislativos: reducir privilegios y asegurar que llegar a un Congreso represente una responsabilidad pública, no la obtención de una beca, un negocio o una parte del botín político.
No propongo desaparecer la representación ciudadana. Propongo rescatarla de quienes la ven como una forma de vivir del presupuesto.
Porque un cargo público no debe ser el premio para quien apoyó una campaña ni la moneda con la que se pagan acuerdos políticos. Debe ser un espacio para vigilar, proponer, rendir cuentas y servir.
La política recuperará la confianza de la gente cuando los cargos públicos dejen de repartirse como botín y vuelvan a asumirse como un honor y una responsabilidad.
Presidencia Municipal de ZempoalaPaco Sinuhé RamírezIxmiquilpan HidalgoPAN Mineral De La Reforma Alfredo Ortega
