El Nandho, Ixmiquilpan, Hidalgo; 19 de junio de 2026. Después de más de una década de conflictos que, aseguran sus habitantes, han puesto en riesgo la paz social, el acceso al agua, el desarrollo comunitario y el respeto a sus formas de organización interna, la comunidad indígena de El Nandho decidió hacer públicos una serie de acontecimientos que consideran una amenaza para su autonomía y para los derechos colectivos que les reconoce la Constitución Mexicana.
Las autoridades tradicionales y habitantes de esta localidad indígena de alta marginación, ubicada en la zona norte del municipio de Ixmiquilpan, presenta un amplio documento en el que relatan diversos hechos ocurridos desde aproximadamente 2015, relacionados con disputas territoriales, desacuerdos sobre el aprovechamiento del agua, presuntas intervenciones externas en asuntos comunitarios y conflictos con habitantes vinculados a la comunidad vecina de Orizabita.
La exposición pública de estos hechos representa un paso inusual para una comunidad que, durante años, optó por resolver las diferencias mediante oficios, solicitudes institucionales y mecanismos de diálogo. Sin embargo, afirman que la falta de respuestas efectivas por parte de distintas instancias los llevó a buscar que su situación sea conocida por la opinión pública y por las autoridades estatales y federales.
El agua
Uno de los temas más delicados señalados por los habitantes es el relacionado con el manantial ubicado dentro del territorio de El Nandho. De acuerdo con la versión comunitaria, durante décadas el suministro de agua hacia Orizabita se realizó como un acto de solidaridad y cooperación entre pueblos vecinos. No obstante, sostienen que con el paso de los años surgieron diferencias respecto a la administración y aprovechamiento del recurso.
Los habitantes afirman que modificaciones realizadas en torno a la concesión y uso del agua redujeron la participación histórica de El Nandho en decisiones relacionadas con un recurso que consideran parte de su patrimonio comunitario.
La preocupación creció cuando comenzaron a surgir amenazas relacionadas con el posible control, suspensión o privatización del agua proveniente del manantial. La Asamblea Comunitaria determinó suspender el suministro que se otorgaba a Orizabita, decisión que ha generado nuevas tensiones y que hoy se encuentran en el centro de la controversia.
Otro de los aspectos expuestos por los habitantes se refiere a diversos proyectos impulsados por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Destaca una ampliación de la red de agua potable, proyecto que inició en enero de 2025 y que posteriormente fue suspendido tras la aparición de reclamaciones sobre la propiedad del terreno donde se realizarían los trabajos.
Los pobladores aseguran que, pese a tratarse de una obra previamente autorizada, tuvieron que concluirla con recursos propios, aportando dinero, materiales, maquinaria y mano de obra comunitaria.
La comunidad cuestiona el destino de los recursos públicos originalmente destinados a la obra y solicita que las autoridades correspondientes esclarezcan lo ocurrido. A ello se suma el proyecto del campo mortuorio comunitario denominado “Mictlán”, una iniciativa en la que los habitantes han trabajado durante más de trece años y que, según denuncian, ha enfrentado retrasos y obstáculos administrativos que consideran ajenos a los aspectos técnicos requeridos para su autorización.
En el documento describen visitas realizadas recientemente por autoridades y corporaciones de seguridad que acudieron a la comunidad acompañadas por representantes de Orizabita. Estas acciones generaron inquietud debido a que ocurrieron en un contexto de conflicto previo y porque, afirman, no siempre existió información clara sobre el alcance de las diligencias realizadas.
Particular preocupación causaron operativos efectuados en abril y junio de este año, en los que participaron elementos de seguridad pública y otras autoridades. La comunidad sostiene que cualquier actuación institucional relacionada con asuntos internos de El Nandho debe realizarse con pleno respeto a sus autoridades tradicionales y a los procedimientos establecidos para los pueblos indígenas.
Los habitantes de El Nandho consideran que el problema ha trascendido el ámbito local y requiere la intervención de instancias estatales y federales especializadas en derechos indígenas, gobernabilidad, acceso al agua y resolución pacífica de conflictos.
La comunidad solicita la atención de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI, la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Hidalgo.
Los pobladores argumentan que lo que está en juego no es únicamente un conflicto entre comunidades vecinas, sino el respeto a los derechos colectivos de una comunidad indígena que busca preservar su patrimonio territorial, sus recursos naturales y sus mecanismos tradicionales de organización.
Actualmente existe preocupación entre los habitantes de El Nandho por versiones que hablan de posibles acciones futuras derivadas de la suspensión del suministro de agua a la comunidad de Orizabita.
Los vecinos expresan su temor ante la posibilidad de que se produzcan confrontaciones, bloqueos de caminos o intervenciones que alteren la paz social de la región.
Asimismo, señalan que las decisiones relacionadas con el conflicto han sido tomadas por la Asamblea Comunitaria y no por individuos en particular, por lo que consideran injusto que determinadas personas sean señaladas o responsabilizadas de manera personal por acuerdos adoptados colectivamente.
Las autoridades comunitarias hacen un llamado a privilegiar el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que solicitaron la intervención de instancias imparciales que permitan construir una solución duradera y evitar que el conflicto continúe escalando.
Así, una de las comunidades indígenas más pequeñas y marginadas del Valle del Mezquital busca que su voz sea escuchada más allá de los límites de Ixmiquilpan, con la esperanza de que las instituciones del Estado mexicano atiendan una problemática que, aseguran, han permanecido demasiado tiempo sin una solución definitiva.
