Pachuca de Soto, Hgo., 24 de septiembre de 2024. La Contraloría, en colaboración con la Oficialía Mayor, lleva a cabo un exhaustivo proceso de baja de 86 unidades vehiculares pertenecientes a diversas dependencias de seguridad pública. El evento se realizó en el estacionamiento del centro comercial Plaza Qubika, en Zapotlán de Juárez.
Este proceso incluyó la revisión técnica y la firma del acta para la baja de los vehículos. Un total de 17 unidades estaban adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, una unidad a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y 68 unidades a la Subsecretaría de Operación Policial.
La revisión física fue realizada por el taller de mantenimiento vehicular La Paz, con base en criterios rigurosos como la obsolescencia, el fin de vida útil, daños estructurales graves y la falta de cumplimiento con las regulaciones ambientales.
De las 86 unidades, 66 estaban asignadas a diversas direcciones municipales en localidades como Zimapán, Ajacuba, Tlahuelilpan y Pachuca, entre otras. Además, diez vehículos pertenecían a delegaciones regionales y especializadas, como Pachuca y Huichapan, así como unidades asignadas para transporte pesado, temas administrativos y seguridad.
Álvaro Bardales, titular de la Contraloría, destacó la importancia de este proceso: “Nuestro objetivo es asegurar que el proceso de baja se realice de manera transparente y conforme a los criterios establecidos, para evitar el mal uso de los bienes públicos y prevenir actos de corrupción”.
La intervención busca prevenir la venta ilegal de vehículos a terceros y la alteración de inventarios para beneficio personal de funcionarios. Con la correcta implementación de estos criterios, se asegura que solo aquellos vehículos que realmente superan su vida útil y que no cumplen con las normas vigentes sean dados de baja, lo cual evita la eliminación innecesaria de activos.
Esta medida refleja el compromiso continuo de la Contraloría con la integridad, así como con la rendición de cuentas en la administración pública estatal, lo que garantiza que los recursos y activos públicos sean manejados con la máxima transparencia y eficiencia.
