* Pachuca de Soto, Hidalgo, 24 de septiembre de 2025
La diputada local Cynthia Delgado Mendoza, del distrito V con cabecera en Ixmiquilpan, presentó una iniciativa en la sesión ordinaria No. 109 del Congreso del Estado de Hidalgo que busca terminar con una práctica común pero polémica: la doble función de maestros que además fungen como funcionarios públicos.
La propuesta, que contempla reformas a los artículos 100, 128 y 156 de la Constitución Política del Estado, apunta directamente a una situación que durante años ha sido tolerada por los poderes existentes en nuestro estado: el ejercicio simultáneo del magisterio y cargos como regidurías, sindicaturas o puestos administrativos en gobiernos municipales, muchos de ellos vinculados actualmente al partido Nueva Alianza Hidalgo.
Según la legisladora, actualmente existen más de 600 docentes en Hidalgo que ocupan cargos públicos sin haberse separado de sus funciones educativas. De estos, al menos 130 son regidores o síndicos, lo que implica, en muchos casos, una doble percepción salarial con recursos públicos, sin que se garantice el cumplimiento cabal de ninguna de las dos responsabilidades.
“El servicio público no puede entenderse como una labor parcial ni de medio tiempo”, enfatizó la diputada. “El compromiso con la ciudadanía es permanente y debe ejercerse con ética, austeridad y congruencia”.
Cynthia Delgado, quien se dijo orgullosa hija de dos profesores, por lo que, aclaró, su propuesta no pretende limitar derechos políticos, sino reforzar valores fundamentales como la transparencia, la imparcialidad y el compromiso con el servicio público, en consonancia con los principios de la Cuarta Transformación.
Para muchos, el trasfondo de esta iniciativa va más allá de una cuestión legal. Se trata también de una deuda histórica con el sistema educativo, particularmente con los estudiantes de educación básica que han visto afectado su aprendizaje por la ausencia de docentes que, aunque oficialmente asignados a un aula, dedican buena parte de su tiempo a funciones políticas o administrativas.
“El daño no es solo financiero, por el doble sueldo, sino profundamente educativo. La niñez y juventud estudiosa arrastra un rezago que se agrava cuando no cuentan con un docente presente, comprometido y constante”, comentaron padres de familia, consultados al respecto.
Expertos señalan que esta práctica no es nueva. Ha sido fomentada durante décadas por estructuras partidistas que operan con base en cuotas de poder, donde el magisterio se ha convertido en un semillero de operadores políticos. Nueva Alianza Hidalgo, surgido originalmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha sido identificado como un vehículo clave en esta dinámica.
La propuesta legislativa plantea los siguientes puntos:
Reforma al Artículo 100: Limitar a los funcionarios judiciales a actividades docentes no remuneradas.
Reforma al Artículo 128: Establecer que trabajadores de la educación que deseen contender por un cargo de elección popular deberán solicitar licencia de sus funciones remuneradas o, en su defecto, impartir clases sin recibir sueldo.
Reforma al Artículo 156: Prohibir de forma explícita que un servidor público perciba doble salario con cargo al erario, salvo en casos de beneficencia o docencia sin pago.
La diputada aclaró que esta reforma no será retroactiva, por lo que los actuales funcionarios docentes no se verán afectados. Entrará en vigor a partir del siguiente proceso electoral.
La iniciativa ya ha comenzado a generar reacciones entre sectores sindicales y actores políticos. Algunos la consideran un paso valiente hacia una mayor rendición de cuentas; otros, un intento de reducir el poder político del magisterio en los espacios de representación.
Lo que es claro es que esta propuesta abre un debate urgente: ¿puede una persona servir bien al pueblo si divide su tiempo entre el aula y la política? ¿Quién paga, en última instancia, las consecuencias de esta doble función?.
