Por el maestro Víctor Cruz Martínez, analista político.
En México, hablar de nepotismo es referirse a una de las prácticas más dañinas y normalizadas dentro de la vida pública. Esta forma de corrupción, consistente en favorecer con cargos públicos a familiares y personas cercanas a quienes ostentan el poder, ha sido señalada históricamente como un cáncer que impide el desarrollo municipal.
Presidentes municipales, síndicos, regidores y directores de área se aprovechan para colocar a hermanos, cuñados, hijos, esposas y demás parientes en la nómina oficial, muchas veces sin que estos cuenten con la preparación necesaria. En estos entornos, el nepotismo es tolerado y justificado como una forma de “confianza”, “eficiencia” o “lealtad”, pero en realidad responde a redes de complicidad que dañan la buena imagen que deben cultivar los gobiernos.
La opacidad en la asignación de cargos y el acceso limitado a la información pública agravan el problema. Muchos gobiernos municipales omiten transparentar sus estructuras administrativas o actualizan sus portales de transparencia sólo de forma parcial o manipulada. Esto impide a la ciudadanía conocer quiénes están cobrando del erario y bajo qué justificación.
Casos como el del presidente municipal de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, quien ha colocado a casi toda su parentela en cargos municipales sin importar las condiciones de marginación de su población, muestran cómo se reproduce esta forma de corrupción a pequeña escala. Cardonal no se queda atrás, la administración de Karla Monserrat Hernández Cerroblanco, ha favorecido a familiares directos con recursos públicos sin el más mínimo recato. Y lo mismo sucede en Pachuca, con Jorge Alberto Reyes Hernández, y así sucede en otros municipios.
Hay que subrayar que lo más preocupante es que, lejos de enfrentar sanciones o el rechazo popular, muchos de estos funcionarios son reelectos o premiados políticamente, gracias a un entorno social donde impera la desinformación y la apatía ciudadana.
En consecuencia, la transparencia debe dejar de ser una simulación y convertirse en una herramienta real de rendición de cuentas. Solo así se podrá reconstruir la confianza en los gobiernos municipales.
La ciudadanía tiene la tarea de informarse, cuestionar y exigir explicaciones sobre el uso del poder municipal. De lo contrario, seguiremos siendo espectadores de cómo los pequeños feudos familiares se fortalecen con recursos públicos, escudados en discursos vacíos y falsas promesas de transformación.