Para establecer que la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas no serán criminalizadas por el Estado, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) impulsa una iniciativa.
Señala que la política pública respecto al consumo de sustancias psicoactivas deberá construirse desde una óptica regulatoria y recaudatoria, que mitigue los riesgos relacionados con su producción y consumo.
La propuesta de reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, en materia de descriminalización de sustancias psicoactivas y recaudación fiscal, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre esas sustancias.
Además, en el régimen transitorio menciona que el Ejecutivo Federal emitirá un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, con la finalidad de garantizar la salud de las personas consumidoras, en tanto que los titulares de las entidades federativas deberán hacer lo propio en un plazo máximo de 180 días a partir de la emisión del citado plan.
Indica que el Congreso de la Unión modificará la legislación aplicable en materia fiscal y penal en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Para ello, realizará ejercicios de parlamento abierto en los que podrá participar toda la sociedad.
También, en un plazo de 365 días, el Ejecutivo Federal deberá emitir los lineamientos de la política fiscal para gravar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, mientras que las legislaturas locales deben realizar adecuaciones normativas para cumplir con el decreto.
Ballesteros Mancilla expone que el consumo y producción de sustancias psicoactivas no debe ser tratado desde un enfoque punitivo, sino desde uno regulatorio, que permita al Estado recaudar impuestos para invertir en salud y seguridad.
La intención, añade, es sentar una de las bases para finalizar la guerra iniciada por el prohibicionismo, quitarle una de sus principales fuentes de ingresos al crimen organizado y abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública, y no de política criminal.
Hace mención que cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el mercado de las drogas permitiría recaudar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos al año, lo cual equivale al 12 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, dos veces el presupuesto de salud y casi tres veces el de educación.
“Ese beneficio, por sí solo, debería ser capaz de convencer a todas las fuerzas políticas de adoptar una nueva estrategia en materia de drogas. La política prohibicionista no ha servido para disminuir el consumo, solo lo ha forzado a acudir a un mercado negro, con drogas sin regulación sanitaria y que financian la violencia”, añade.
Argumenta que, a lo largo de la historia, las políticas prohibicionistas crearon la aparición de un mercado negro y de organizaciones criminalizadas que, para proteger su actividad económica ilegal, incurren en otros crímenes violentos.
Ciudad de México, 26 de julio de 2024 – En su conferencia matutina de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio inicio anunciando que esta conferencia daría a conocer la postura de su gobierno sobre la detención o entrega de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, anticipando que daría a conocer la información con la que cuenta hasta esta mañana, siendo Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), quien dio a conocer que el Gobierno de México no participó en las detenciones de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y dijo que no se puede confirmar si fue entrega o captura, pues la investigación sigue en curso en Estados Unidos.
No hubo un operativo por parte del Gobierno de México ni de nadie; ni del Gobierno de Estados Unidos.
La funcionaria federal enfatizó este viernes en que «México no participó en la detención o entrega» tanto de Ismael El Mayo Zambada, como de Joaquín Guzmán Lopez, hijo de El Chapo, ligados con el Cártel de Sinaloa.
A través de una llamada telefónica realizada a las 15:30 horas, la Embajada de Estados Unidos en México notificó a la dependencia mexicana que los integrantes del Cártel de Sinaloa se encontraban bajo custodia de autoridades estadounidenses, explicó Rosa Icela Rodríguez, titutlar de la Secretaría de Seguridad.
Y en una segunda llamada, recibida a las 15:45 horas, la Embajada estadounidense confirmó que tenía las imágenes del ‘Mayo’ Zambada y de Guzmán López, obtenidas de un video del arresto.