Para establecer que la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas no serán criminalizadas por el Estado, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) impulsa una iniciativa.
Señala que la política pública respecto al consumo de sustancias psicoactivas deberá construirse desde una óptica regulatoria y recaudatoria, que mitigue los riesgos relacionados con su producción y consumo.
La propuesta de reforma a los artículos 4º y 73 de la Constitución Política, en materia de descriminalización de sustancias psicoactivas y recaudación fiscal, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre esas sustancias.
Además, en el régimen transitorio menciona que el Ejecutivo Federal emitirá un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, con la finalidad de garantizar la salud de las personas consumidoras, en tanto que los titulares de las entidades federativas deberán hacer lo propio en un plazo máximo de 180 días a partir de la emisión del citado plan.
Indica que el Congreso de la Unión modificará la legislación aplicable en materia fiscal y penal en un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Para ello, realizará ejercicios de parlamento abierto en los que podrá participar toda la sociedad.
También, en un plazo de 365 días, el Ejecutivo Federal deberá emitir los lineamientos de la política fiscal para gravar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, mientras que las legislaturas locales deben realizar adecuaciones normativas para cumplir con el decreto.
Ballesteros Mancilla expone que el consumo y producción de sustancias psicoactivas no debe ser tratado desde un enfoque punitivo, sino desde uno regulatorio, que permita al Estado recaudar impuestos para invertir en salud y seguridad.
La intención, añade, es sentar una de las bases para finalizar la guerra iniciada por el prohibicionismo, quitarle una de sus principales fuentes de ingresos al crimen organizado y abordar el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública, y no de política criminal.
Hace mención que cobrar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el mercado de las drogas permitiría recaudar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos al año, lo cual equivale al 12 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, dos veces el presupuesto de salud y casi tres veces el de educación.
“Ese beneficio, por sí solo, debería ser capaz de convencer a todas las fuerzas políticas de adoptar una nueva estrategia en materia de drogas. La política prohibicionista no ha servido para disminuir el consumo, solo lo ha forzado a acudir a un mercado negro, con drogas sin regulación sanitaria y que financian la violencia”, añade.
Argumenta que, a lo largo de la historia, las políticas prohibicionistas crearon la aparición de un mercado negro y de organizaciones criminalizadas que, para proteger su actividad económica ilegal, incurren en otros crímenes violentos.
